Sólida pero para cuidar

El procesamiento sin prisión del exvicepresidente Raúl Sendic, decretado el pasado miércoles por la jueza Beatriz Larrieu, tuvo su fuerte connotación pero no generó ningún sismo en el sistema político uruguayo. Es verdad que Sendic había renunciado a su cargo en setiembre de 2017 y ello había descomprimido una situación que era explosiva para su partido y para la imagen del país. Ahora, ocho meses después, su procesamiento se toma con mucho más calma y es el Frente Amplio quien analiza cómo procesar internamente dicho acontecimiento. Desde que surgieron denuncias y acusaciones, incluso con un dictamen del Tribunal de Conducta Política del FA, la postura oficial había sido "vamos a esperar a que se expida la Justicia". Ahora la Justicia se ha expedido, al menos en primera instancia, y en general reina el silencio. El expresidente José Mujica, todo un referente de su partido, dijo "que a la Justicia se la acata" y "que un actor político debe reservarse los comentarios respecto a las decisiones de la Justicia más allá de que pueda tener una opinión personal".

Estas declaraciones suenan a música celestial en oídos republicanos y concurren a reafirmar la fortaleza de nuestras instituciones. Y más especialmente teniendo en cuenta lo que suele ocurrir en los países vecinos cuando los fallos judiciales afectan a exfuncionarios o a expresidentes, como ocurre en Argentina y en Brasil. Los jueces van a la hoguera y de ellos se dice de todo menos que son lindos. Se habla de la Justicia como de un partido político más, o de la corrupción de los jueces, o de su absoluta subordinación al presidente de turno. Los fundamentos del estado de derecho se conmueven y uno comprende porqué el orden institucional es tan débil en esos países y porqué esos países, dotados de enormes recursos naturales, no solo no han progresado en el concierto de las naciones sino que incluso han retrocedido. Y porqué, esos mismos países, con alimentos y recursos en cantidades adecuadas para alimentar varios países son incapaces de alimentarse a sí mismos y tienen índices de pobreza que avergüenzan a cualquiera que tenga un mínimo de dignidad y de sentido de respeto por sus conciudadanos.

Y si ampliamos nuestra mirada por el resto de América Latina, surge una comprobación similar. Salvo Chile, que tiene instituciones sólidas, el resto de los países latinoamericanos se las ven en figurillas para mantener una democracia plena. Casos de corrupción que afectan a altas figuras públicas y privadas, gobiernos inestables, escaso respeto por la separación de poderes, del la independencia de la Justicia y las garantías individuales, alta criminalidad, crecimiento del narcotráfico, muestran que los sistemas construidos en Chile y Uruguay han sido hasta ahora lo suficientemente fuertes para resistir esos embates. Pero el resto de los países latinoamericanos, empezando por la Venezuela de Maduro que es mucho peor que la Venezuela de Chávez, seguramente envidian la estabilidad chilena y la nuestra.

Claro que esto no da para echar campanas a voleo. Primero, porque bajo la capa de la institucionalidad funcionando a pleno hay graves problemas sociales que se han ido agudizando en los últimos años pese a la bonanza económica mundial que benefició a estos países. Educación y seguridad siguen siendo materias pendientes. Y cada vez más pendientes. También aumenta la fragmentación social en niveles no conocidos en el pasado. Las declaraciones del Director Nacional de Policía Mario Layera, con las que ahora todos coinciden, respecto a la situación social de gente que está por fuera del sistema incluso en términos de lenguaje, deben ser un gran aldabonazo en nuestras conciencias y en nuestras políticas públicas y no meramente un arma arrojadiza para la contienda electoral. La situación es grave y si no se hace nada, se va a agravar más aún.

Por eso, en materia institucional, de funcionamiento de estado de derecho, de respeto a los poderes constituidos, no podemos dar nada por garantizado. Tenemos una posición sólida, producto de políticas aplicadas por décadas que fomentaron la educación, la cultura cívica y la integración social. Eso, que fue muy difícil de ganar, que estuvo a punto de perderse por la insurgencia guerrillera contra un régimen democrático, y puede perderse si no se cuidan los valores que le dieron sustento.

Hoy, frente a un caso de presunta corrupción en que la Justicia actúa en forma independiente, podemos congratularnos de la solidez de nuestra estructura institucional. Pero debemos redoblar esfuerzos si no queremos que se comience a erosionar por la decadencia educativa, el desprecio del otro al que ya no consideramos adversario sino enemigo, la falta de oportunidades para todos.