Lustemberg: Sería “una gran señal” que en año electoral se apruebe una ley que apunta a personas “que no votan”

El Parlamento empezará esta semana a trabajar en su proyecto de ley integral de primera infancia, que busca “unificar” la multiplicidad de programas en la órbita del Estado y dar “prioridad política” a esa etapa de la vida, todavía desmerecida en términos comparativos frente a las inversiones en la adultez.

El objetivo –no poco ambicioso– detrás de la ley es “llegar a que el 100% de los niños tengan asegurada la atención en el tiempo que lo precisan”, según dijo Lustemberg a El Observador. “En Uruguay ni un niño se nos podría escapar. Nacen solo 40 mil por año. Hacemos la trazabilidad de las vacas y el ganado –que la precisamos– pero a veces los niños se nos dispersan entre derechos y prestaciones”, expresó la diputada.

Lustemberg insiste en que “si bien se avanzó mucho”, actualmente existen prestaciones “fragmentadas” de las que no se conoce su impacto real en la primera infancia. Para atacar esa realidad, el proyecto propone “abrir todo el presupuesto nacional” y analizar “cómo estamos invirtiendo” y “dónde existen vacíos”, explicó la legisladora. 

“Los niños crecen muy rápido en esta etapa de la vida y el Estado no puede llegar de atrás, ni tarde, ni superponiéndonos. Tenemos baches que hoy no los cubre nadie”, agregó. 

La diputada también advirtió que las políticas sociales en Uruguay tienen un "sesgo pro adulto" y dijo que parte del problema es que los niños "no votan". En ese sentido, planteó que sería "una gran señal" que "todo el sistema político" acuerde votar esta ley "en año electoral". 

Tres niveles

El proyecto estipula tres niveles de acción. En primer lugar, un nivel estratégico para el cual se creará un Gabinete de Primera Infancia, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) e integrado por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Vivienda, Trabajo y Seguridad Social y Economía. También lo integrarán el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social y el INAU. Ese gabinete deberá elaborar las estrategias generales relativas a Primera Infancia, y en una fase posterior deberá elaborar políticas de Infancia y Adolescencia. 

En segundo lugar, la ley insta al Ministerio de Economía a crear una Unidad de Coordinación, encargada del monitoreo, control presupuestal y evaluación de la ejecución del gasto en políticas destinadas al área en cuestión. Además, esa unidad deberá promover la integración y articulación de los distintos programas. 

Por último, el nivel ejecutivo lo integrará cada órgano del gabinete.

"Este diseño implica que las instituciones nos desprendemos de nuestros celos para poner en el centro a las familias, a los niños y adolescentes", dijo Lustemberg. 

Si bien la ley está pensada para estar acompañada por un progresivo aumento presupuestal, el texto estipula distintas etapas de implementación. En ese sentido, la “fase cero” (desde la promulgación hasta los primeros 120 días) no supone ningún incremento de recursos. En esa etapa, el Ministerio de Economía tendrá el cometido de analizar caso a caso y programa por programa en qué y cómo está gastando el estado. “Por eso es tan importante que la aprobemos antes del receso parlamentario y que ya esté en funcionamiento en los meses previos a la discusión del presupuesto quinquenal”, aseguró Lustemberg. 

La diputada señala que tiene calculado aproximadamente cuál debería ser el aumento presupuestal en el próximo gobierno, pero que "no hay que poner la carreta delante de los bueyes".