Las restricciones fiscales de los banqueros centrales

Si le preguntan a la mayoría de los banqueros centrales del mundo cuál es su plan para hacer frente a la próxima recesión de tamaño normal, se sorprenderían de cuántos (por lo menos en las economías avanzadas) dicen la “política fiscal”. Dadas las altas probabilidades de una recesión en los próximos dos años –alrededor del 40% en los Estados Unidos, por ejemplo- los responsables de las políticas monetarias que piensan que la política fiscal por sí sola salvará la situación se están preparando para un duro despertar. 
Sí, es verdad que con tasas de interés políticas cerca de cero en la mayoría de las economías avanzadas (y sólo por encima del 2% inclusive en la economía estadounidense de rápido crecimiento), existe poco espacio para que la política monetaria tenga margen de maniobra en una recesión sin una considerable creatividad. La mejor idea es crear un entorno en el cual las políticas de tasas de interés negativas se puedan utilizar de manera más plena y efectiva. Llegado el caso, esto sucederá, pero mientras tanto, la dependencia excesiva actual de una política fiscal contracíclica es peligrosamente ingenua. 

Existen enormes diferencias institucionales entre los bancos centrales tecnócratas y las legislaturas políticamente volátiles que controlan el gasto y la política tributaria. Tengamos en cuenta que una recesión típica en las economías avanzadas dura sólo un año aproximadamente, mientras que la sola implementación de una política fiscal, aún en la mejor de las circunstancias, invariablemente lleva por lo menos unos meses.

En algunas economías pequeñas –por ejemplo, Dinamarca (con 5,8 millones de personas)- existe un amplio consenso social para elevar el gasto fiscal como porcentaje del PIB. Parte de este gasto fácilmente se podría utilizar en una recesión. Sin embargo, en muchos otros países, en particular Estados Unidos y Alemania, no existe un acuerdo de este tipo. Aún si progresistas y conservadores por igual quisieran expandir el gobierno, sus prioridades serían marcadamente diferentes. En Estados Unidos, los demócratas podrían favorecer nuevos programas sociales para reducir la desigualdad, mientras que los republicanos podrían preferir un mayor gasto en defensa o en protección fronteriza. Cualquiera que haya visto las audiencias de confirmación del Senado de Estados Unidos en septiembre pasado para el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh no puede creer seriamente que este grupo sea capaz de una minuciosa política fiscal tecnócrata. 
Esto no significa que deba descartarse el estímulo fiscal en la próxima recesión. Pero sí implica que no puede ser la primera línea de defensa, como esperan demasiados banqueros centrales. Los países más avanzados tienen una considerable acumulación de proyectos de educación e infraestructura de alto retorno, aunque en muchos casos la planificación e implementación llevaría demasiado tiempo. Si los economistas de izquierda creen que la política fiscal es la principal manera de salir de una recesión en 2019 o 2020, deberían estar haciendo lobby para que el gobierno prepare una pila de proyectos listos para una recesión. El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama quería crear un banco de infraestructura en parte con este fin; claramente, la idea nunca se llevó a la práctica.

De la misma manera, muchos observadores defienden la idea de impulsar “estabilizadores automáticos” como los beneficios de desempleo. Europa, con niveles mucho más elevados de seguro social y tributación, tiene consecuentemente estabilizadores automáticos más fuertes de los que tiene Estados Unidos o Japón. Cuando los ingresos caen, la recaudación impositiva declina y los pagos de seguros aumentan, lo que ofrece un estímulo fiscal contracíclico integrado. Pero quienes proponen estabilizadores automáticos más altos le prestan muy poca atención a los efectos de incentivos negativos que vienen de la mano de un mayor gasto del gobierno y los impuestos que se necesitan para solventarlo.

Sin duda, al igual que muchos economistas académicos, estoy a favor de aumentar significativamente los impuestos y las transferencias en Estados Unidos en respuesta a la creciente desigualdad. Pero si existiera un consenso político amplio a favor de avanzar en esta dirección, ya habría sucedido. Un concepto más exótico es crear un consejo fiscal independiente que emita pronósticos y recomendaciones económicos sobre el tamaño general de los presupuestos y los déficits presupuestarios. La idea es crear una institución para la política fiscal paralela al banco central para la política monetaria. Varios países, entre ellos Suecia y el Reino Unido, han adoptado versiones suavizadas de esta idea. El problema es que las legislaturas electas no quieren ceder poder, especialmente en materia de impuestos y gasto.
Podemos entender por qué los banqueros centrales no quieren quedar engrampados en algunas de las políticas monetarias más descabelladas que se han propuesto, por ejemplo “el dinero helicóptero” (o el “dinero dron” más específico) por el cual el banco central imprime moneda y se la entrega a la gente. Una política de esas características, por supuesto, es política fiscal disfrazada y el día que algún banco central empiece a hacerlo de manera sostenida será el día en que pierda cualquier apariencia de independencia. Otros se han mostrado a favor de aumentar las metas de inflación, pero esto plantea una sucesión de problemas, sobre todo que mina décadas de esfuerzos por parte de los bancos centrales para establecer la credibilidad de una inflación de aproximadamente el 2%.