Bajo una fuerte tensión tras el fugaz alzamiento de un grupo de militares que desató pequeñas protestas, oficialistas y opositores sostienen este miércoles su primer gran pulso en las calles luego de las manifestaciones que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
La convocatoria –en una fecha de alta carga simbólica que conmemora 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez– sacó a las calles a miles de opositores y también a miles de partidarios del gobierno. Los disturbios previos a la protesta ya han dejado cuatro muertos.
Maduro inició el 10 de enero un nuevo periodo, tras unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. El día que asumió su segundo periodo, la OEA aprobó una resolución para declarar ilegítimo su mandato.
Convocados por el joven líder del Parlamento, Juan Guaidó, los opositores exigen a Maduro que cese lo que llaman "usurpación" del poder, y que asegure un gobierno de transición y elecciones libres. Por su parte, los oficialistas rechazan lo que denuncian como un golpe de Estado en curso orquestado por Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este miércoles a Venezuela a "garantizar el derecho a la protesta y a la manifestación pública".
Las manifestaciones ocurren en medio de la peor crisis en la historia moderna del país petrolero, que sufre escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019.
El colapso provocó el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015, según la ONU, el mayor movimiento migratorio en décadas en América Latina que ha dado lugar a brotes de xenofobia en países como Brasil, Colombia y Ecuador. "Estamos marchando para que Guaidó se proclame presidente. No queremos a Maduro que es un usurpador. Estamos aquí para que se restituya la democracia", declaró a AFP Argenis Ramos, docente de 32 años, vestido de blanco, en el este de Caracas. Yelitze Pariata, de 47 años y quien vive en una casa que le dio el gobierno en San Martín, centro de Caracas, dijo querer "marchar en paz para apoyar al presidente y demostrarle al mundo que el chavismo está unido".
Incidentes previos a la manifestación central dejaron ya un saldo de cuatro muertes. En vísperas de las marchas, decenas de pequeñas protestas y disturbios ocurrieron en Caracas y sus cercanías. La noche del martes tanquetas antimotines recorrieron sectores de la capital.
El gobierno acusó a Pence de haber ordenado a un grupo de militares que se rebeló el lunes entregar armas a activistas de Voluntad Popular -partido de Guaidó y del encarcelado líder Leopoldo López- para desatar el caos en las marchas. "La violencia se la dejamos a otros. No caigamos en provocaciones", pidió Guaidó, cuyo llamado a movilizarse se extiende a los migrantes venezolanos en varios países.
Un joven de 16 años falleció la noche del martes en la popular barriada de Catia, en el oeste de Caracas, en tanto que otras tres muertes ocurrieron durante saqueos en el estado Bolívar, sureste, fronterizo con Brasil, según informes de la policía y el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Además, una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue quemada en San Félix (Bolívar).
Comercios, escuelas, empresas e instituciones amanecieron cerradas y el tráfico vehicular era mínimo, bajo un clima de fuerte tensión. Aún están frescas en la memoria las violentas manifestaciones que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017."Vamos a cambiar Venezuela, a conquistar la democracia", había manifestado el martes Guaidó, al llamar a la población a manifestarse en todo el país.
Los ánimos se caldearon el lunes cuando, en medio de llamados opositores a la Fuerza Armada para que desconozca a Maduro, 27 militares sublevados -y luego detenidos-, robaron armas y se atrincheraron en un cuartel de Cotiza, llamando a los venezolanos a salir a las calles.
Según expertos en seguridad, el incidente evidenció el descontento en la Fuerza Armada, considerada el sostén de mandatario socialista.
Para Guaidó, quien se dice dispuesto a presidir un gobierno de transición, la sublevación militar muestra que los llamados a los militares están teniendo eco.
Aunque la justicia lo declaró en desacato y anula todas sus decisiones desde 2016, el Parlamento, que considera a Maduro "usurpador", aprobó el martes dar amnistía a los militares que colaboren con un gobierno de transición.
Si bien la Fuerza Armada dice estar unida, según la ONG Control Ciudadano unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, unos 10.000 militares pidieron la baja desde 2015 y más de 4.000 desertaron de la Guardia Nacional en 2018.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que declaró también la "ilegitimidad" del segundo gobierno de Maduro, analizará el jueves la situación de Venezuela.
Fuente: Con AFP
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